Derecho Indígena, Justicia y Antropología en Argentina: historiando sus puntos de (des)encuentro

Como citar este artículo: Claudia Briones, "Derecho Indígena, Justicia y Antropología en Argentina: historiando sus puntos de (des)encuentro" en Blog Derecho & Diversidad. América Latina y Europa. Perspectivas histórico-jurídicas (acceso 3 septiembre, 2015) Disponible en: http://derechoydiversidad.com/derecho-indigena-justicia-y-antropologia-en-argentina-historiando-sus-puntos-de-desencuentro/

Claudia Briones

I.                   ESCENARIOS

En marzo de 2003, se produjo un violento intento de desalojo de una de las familias de la comunidad Vuelta del Río, del noroeste chubutense. Resistido por los integrantes de la comunidad pero también por vecinos indígenas y no indígenas de las localidades cercanas de El Hoyo, Epuyen y Esquel, la orden de lanzamiento había sido dictada por un Juez de Instrucción con varios antecedentes de fallos sistemáticamente lesivos de los intereses y derechos indígenas. De allí la respuesta social. En todo caso, esa orden de lanzamiento otorgada en el marco de una denuncia penal impulsada por un comerciante local, contradecía el doble dictamen del Ministerio Público Fiscal recomendando el sobreseimiento de la familia indígena y el archivo de las actuaciones. No obstante, en vez de seguir el dictamen Fiscal, obligatorio para él por imperio de la normativa Procesal en vigencia, el juez en cuestión elevó la causa a juicio Oral y Público y ordenó el lanzamiento como Medida Cautelar, a pedido del denunciante.

Tanto la violencia policial como el mismo procedimiento judicial derivaron en que el Ministerio Público Fiscal iniciara una investigación contra el personal policial por los excesos cometidos. A su vez, la Comunidad planteó la revocatoria de la orden de desalojo ante la Cámara de Apelaciones, y denunció el accionar del juez ante el Consejo de la Magistratura, lo que motivó que se iniciara un sumario en su contra. El 1º de octubre de 2003 la Cámara de Apelaciones confirmó la orden de desalojo. Con un criterio totalmente opuesto, el 16 de octubre del mismo año el Consejo de la

Magistratura envió el sumario sobre la actuación del juez al Tribunal de

Enjuiciamiento de Magistrados, por haberse constatado graves irregularidades en su desempeño. El  17 de diciembre de 2003, el Tribunal de Enjuiciamiento lo suspendió en su función de Juez de Instrucción, y dispuso la realización de un juicio político, que tuvo lugar en mayo de 2004 con los indígenas como parte querellante.

Luego de un día de testimonios, alegatos y deliberaciones, la noche del juicio Oral y Público, se supo que el juez sería destituido en un fallo unánime por mal desempeño en su cargo y desconocimiento inexcusable del derecho.

Podría contarles que, a través de un recurso de Queja presentado ante la Corte Suprema, la defensa del juez destituido consiguió que el fallo destitutorio fuese revisado por el Superior Tribunal de Rawson, que en noviembre de 2010 anuló todo lo actuado por el Tribunal de Enjuiciamiento en 2004, porque uno de los jueces que conformaron ese Tribunal no contaba con la antigüedad suficiente (12 años) en la profesión de abogado para integrarlo. En vez de disponer la conformación de un nuevo Tribunal para evaluar los cargos contra del magistrado que nunca fueron desmentidos, el STJ de Chubut ordenó su reincorporación como Juez Penal y parte integrante del Colegio de Jueces Penales de la jurisdicción de Esquel, pues el cargo original de juez de instrucción del que había sido destituido ya no existía más. Pese a que la Comunidad Mapuche presentó un Recurso Extraordinario para que esta decisión fuese revisada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el mismo fue declarado inadmisible por el STJ de Chubut, quien ordenó la inmediata incorporación del juez en diciembre de 2010. Aunque el cargo conferido de juez Penal sólo es accesible mediante un concurso público ante el Consejo de la Magistratura, el magistrado cuestionado y restituido nunca concursó, ni como Juez Penal ni como juez de instrucción, cargo éste que había alcanzado antes de la creación del Consejo de la Magistratura. Más aún, según lo ordenado por la justicia provincial, el juez percibirá todos los salarios que no cobró durante los siete años que estuvo alejado de la función. Esta decisión fue tomada en un momento en que el principal Ministro de la

Gobernación era hijo del abogado defensor del juez. Y para que tengan contexto sobre las cosas que irritan los humores sociales respecto de las prácticas judiciales, podría continuar con esta historia, diciéndoles que en 2014, el Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut confirmó una multa de 1.500 pesos para juez penal en cuestión, acusado ahora de “falta grave” y “ejercicio abusivo del poder” al “intentar evitar la realización de un aborto no punible”. O podría contarles también que el juicio por abuso policial llevó más de 10 años de duración y sólo alcanzó al jefe presencial del operativo y no a toda la cadena de mando, fuese hacia arriba o hacia abajo.

Pero lo que me interesa destacar son dos viñetas del día del juicio político de 2004. Primero, ese día, se estableció que los asistentes mapuche-tehuelche de diversas comunidades de la provincia que se trasladaron a la capital de Chubut para presenciar el juicio político  debían ingresar a la Sala de Audiencias “sin pancartas, banderas o instrumentos”, para evitar que el Tribunal se sintiera presionado–restricción que originalmente fue solicitada por el abogado defensor. Como resultado, el juicio se inició sin la presencia de muchos de ellos, que esperaron afuera pues no aceptaron desprenderse de sus atuendos, banderas e instrumentos, lo cual calificaron de ofensa y censura a su dignidad e identidad.

Segundo, en su alegato, el abogado defensor del juez dijo que ese día se había escuchado mucho sobre la forma en que las leyes nacionales, los convenios internacionales y la misma constitución nacional reconocen los derechos indígenas pero, a su juicio, como esos reconocimientos no estaban en el código civil, directamente “no existían”, ni tenían ninguna relevancia para lo que se estaba discutiendo.

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Elegí comenzar compartiendo uno de los escenarios que alimentan mis experiencias y lecturas sobre el tema de este encuentro, para que se den cuenta desde dónde y hacia dónde puedo y me interesa pensar.

A simple vista y más allá de una marcha y contramarcha de decisiones judiciales que no hacen sino incrementar y prolongar la conflictividad social, las viñetas destacadas de la situación resumida muestran, en lo inmediato, dos cosas. Por un lado, un curioso pero sistemático rechazo de la expresión de las diferencias dentro de los estrados, como si la negación a que una de las partes ingrese con vestuario, instrumentos y banderas que expresan su pertenencia garantizara que los mismos estrados no expresasen ninguna pertenencia cultural. Esto es, una supuesta ceguera ante pertenencias constitucionalmente reconocidas que, en verdad, lo que hace es definir normas desmarcadas de lo cultural que operan hegemónicamente en claro favor de una parte del conjunto societal. Por otro lado, una disidencia respecto de la jerarquía de diferentes normas que parece responder menos a una cuestión de Derecho que a visiones en pugna sobre cómo vivir juntos.

Y qué podría yo derivar de ambas cuestiones, se preguntarán. Comparto primero cuáles son mis puntos de partida y luego les cuento hacia dónde quiero orientar mi intervención en términos de caso.

 

II.                PUNTOS DE PARTIDA

Como antropóloga, entro a episodios como los descriptos desde un enfoque pragmático más que semántico. Me interesan menos las incompatibilidades conceptuales entre sistemas normativos, que las maneras en que procesos de significación sedimentados y las situaciones de interacción afectan  las formas de inscribir e interpretar “el espíritu de la ley”, entre sus redactores y sus implementadores desde el fuero judicial, pero también desde los marcos de quienes ejecutan las leyes mediante la definición de las políticas indigenistas. Aunque estos tres campos–encarnados en los tres poderes de la república–poseen sus propias lógicas, lo que me interesa entender es si y cómo esos tres campos quedan atravesados por maneras históricamente sedimentadas de concebir la alteridad, que producen interferencias e inter-referencias entre la adecuación de marcos normativos y sus posibilidades de implementación.

Por ello, a diferencia del Dr. Bengoa–pero aprovechando que él haya trazado tan claramente el cuadro normativo del reconocimiento de derechos indígenas en América Latina–, voy a hablar desde un caso—el de mi país—presuponiendo que los desafíos en los usos del derecho responden a dinámicas que poseen características particulares en cada caso, pero que comparten esa dinámica de interferencias e interreferencias entre la forma en que se van adecuando históricamente los marcos normativos y las posibilidades efectivas de implementación de los derechos reconocidos.

En otras palabras, como antropóloga me apartaré de presuponer que  los postulados de justicia y certeza jurídica que conforman el orden normativo e institucional desde el cual el Derecho regula la convivencia social y busca resolver los conflictos intersubjetivos responden a las relaciones sociales efectivamente existentes en el sentido de que éstas determinarían su contenido y carácter en un lugar y momento dado. Antes bien, habituada a trabajar con desfasajes entre lo dicho y lo hecho, me interesa saber qué genera esos desfasajes–también existentes entre “el espíritu de la ley” y sus implementaciones–y lo que esos desfasajes generan en el campo jurídico y judicial.

Mi argumento es doble. Por un lado, aunque los discursos jurídicos se adecuen, los significados de legisladores, jueces y funcionarios de aplicación funcionan desde un sentido común sedimentado que responde al entramado propio de sus respectivas formaciones nacionales y provinciales de alteridad.  Por otro lado, esto no sólo genera disonancias entre letra de la ley y sus implementaciones y aplicaciones, sino también conflictos entre nación y provincias que, al menos en Argentina, tienden a resolverse subordinando la negociación de las políticas indigenistas a otro tipo de negociaciones políticas consideradas relevantes.

En esta presentación, entonces, hago un repaso histórico de los entretelones de la gestación o implementación de distintas políticas, fallos, leyes que tematizan lo indígena para ver qué sentidos sedimentados y efectos generan obstáculos y distancias entra la letra y la vida de las normativas, de modo de poder pensar qué nos indican esas distancias como desafíos a futuro. Como el tema es muy extenso y mi competencia limitada, esta presentación dista de ser exhaustiva.  Busca por el contrario compartir lo que debiera ser un programa de investigación al respecto-programa que a mi juicio resultaría mucho más interesante si fuese encarado desde el derecho comparado. Hago por tanto una periodización que revisa muy rápidamente las etapas fundacionales que coinciden con la conformación y consolidación del estado-nación moderno, y la visión del horizonte nacional y popular del primer peronismo que tanto impacto ha tenido en la subjetivación cívica de los argentinos, para tratar de señalar un poco más en extenso algunas características de los marcos de las políticas de reconocimiento inauguradas con la lucha por los derechos humanos y la democratización posterior a la última dictadura militar. Anticipo que haré afirmaciones osadas que constituyen más hipótesis a ser trabajadas que certezas analíticas. Me entusiasma mucho la posibilidad de que, en los intercambios posteriores, las revisemos crítica y comparativamente entre todos.

 

III.             Etapas fundacionales

En Argentina y a diferencia de otros países como los Estados Unidos de América, por ejemplo, la Corte Suprema fue muy escueta en los etapas fundacionales del estadonación moderno, al momento de fijar jurisprudencia sobre el estatus de los pueblos indígenas respecto del conjunto de la población. Ello no parece ajeno a la forma en que, como reseña Dandler (1994), los estados de América Latina hicieron una temprana apuesta a ciudadanizar invisibilizando las pertenencias indígenas.

Esta manera de encarar las diferencias no estuvo exenta de contradicciones por cierto. Como bien sabemos, la constitución de 1853 establecía como atribución del Congreso la de  proveer a la seguridad de las fronteras; conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo (Artículo 64, luego de 1860 el 67, Inc. 15). Esto ya marca no sólo una primera forma de atribución estatal diferenciada respecto de parte de la población–sobre la cual se fomentaría su conversión religiosa. Tal como se expresa en el debate constituyente, la yuxtaposición de las tres acciones ocluye hasta qué punto algunos ven en ese momento contradictorio asegurar la seguridad de las fronteras y conservar un trato pacífico con los indios, actores todavía vistos como una de las principales amenazas en esas locaciones (DIP 1991: 65-66).

En todo caso, estas tensiones conceptuales derivan en dos atributos generales del período. Por un lado, la no necesidad de producir legislaciones específicas e integrales–como en Bolivia, por ejemplo–para contingentes cuya extinción o descaracterización sólo se veía como una cuestión de tiempo.  Consecuentemente, las leyes que tratan el tema subordinan lo indígena al avance de las fronteras, en un primer momento, y a las leyes generales de colonización posteriormente. Por otro lado, la circunstancia de que ese primer gesto constituyente aconteciera casi medio siglo antes de que se pudiese desplegar una presencia estatal efectiva en los vastos territorios que para 1853 aún eran “tierra de indios”, campañas militares mediante, derivó en que se fuesen dando marcos normativos puntuales–generalmente decretos del Poder Ejecutivo–para tratar de resolver la radicación de los colectivos que sobrevivieron a tales campañas y a la radicación posterior en campos de detención. Más que responder a visiones únicas, estos marcos se fueron adecuando a una serie de contingencias y tensaban los visiones e intereses tanto de los gobiernos federales, como de los gobernadores de los territorios nacionales, de ciertos particulares y de la propia capacidad de ciertos líderes indígenas para terciar en esas negociaciones (Briones y Delrio 2002). De todo ello resulta un cuadro de asistematicidad jurídica y de políticas indigenistas espasmódicas que sin duda difiere del de países vecinos como Chile, al menos en lo que respecta a las estrategias estatales de radicación.

En este marco y como bien analizan Morita Carrasco, Pablo Ceriani y Juana Kweitel en su reseña sobre los fallos de la Corte Suprema, no sorprende la parquedad y escasez de fallos del superior tribunal de la nación que aborden “la cuestión indios”. Esa falta contrasta no obstante con la cantidad de litigios dirimidos en los juzgados de paz, generalmente en contra de los indígenas. Aún así, lo relevante es que esos escasos fallos operan en direcciones congruentes con ciertas formas de espacializar, temporalizar y sustancializar la Nación (Alonso 1994).

Así lo muestra un fallo de 1877 por la demanda que la provincia de Jujuy hace a un particular que alega haber heredado tierras en Cochinoca y Casabindo de sus ancestros quienes la recibieron a título de encomienda. Por un lado, la Corte considera que la provincia y por ende el país es heredero efectivo del patrimonio territorial de la Corona española. Esta visión del territorio sobre el cual el estado sea federal o provincial ejerce soberanía como “heredado” es uno de los factores que, por ejemplo, lleva a denegar la validez de tratados coloniales o republicanos–como fue norma en EE.UU.–y siempre colocó el acceso indígena a la tierra en las coordenadas de mendigar tierras consideradas fiscales, expuestas con el tiempo a una constante mengua por privatización y colonización.

Por otro lado y respecto de las personas, el fallo destaca que, según las exigencias y visiones de la República–que por cierto no fueron heredadas de la corona española-“todos los hombres han sido reconocidos iguales, y con los mismos derechos y deberes ante la ley, cesando por consecuencia el pupilaje a que estaban sujetos por las antiguas leyes de encomienda de indios reducidos y civilizados, y que forman parte también del Pueblo de la Nación” (Carrasco et al. 2000: 196).

Este presuponer que los indígenas son ciudadanos plenos es lo que también motiva a la CSJ a rechazar un recurso de habeas corpus por el cual un funcionario público buscó detener el transporte “de indígenas contratados por un empresario, no para privarles de su libertad, sino para protegerla y poner a aquellos en situación de manifestar libremente su voluntad respecto a su presente y su futuro”. Los fundamentos del rechazo se esgrimen aduciendo que recurso “no se ha establecido para investigar y apreciar los derechos emergentes de un contrato, que pueden o no corresponder a personas cuya libertad no está restringida” (Tomo 81, P. 246. Disponible en  http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/MostrarSumario?id=391311&indice=1). Y esto en el marco de informes como el del Médico Bialet Massé de 1904, donde se dieron sobradas muestras de las particular y sistemáticamente humillantes y explotadoras condiciones de conchabo de los trabajadores indígenas.

Lo que entonces vamos viendo a través de estos fallos y de innumerables prácticas es que, aunque declamativamente se postule a los indígenas como parte del populus de la Nación, en los hechos no se los veía ni trataba como integrantes del demos, esto es, del espacio de quienes pueden “legítimamente” dar forma y contenido al populus y poner su mundo en palabras. Se los va vinculando en todo caso al conjunto de los más humildes y menos privilegiados que–en tanto plebs–quedan excluidos del demos.[1] Ello explica por qué, aunque a los indígenas el fallo de 1877 les reconoce la posesión de la tierra como en las Leyes de Indias, ni son considerados parte en el fallo, ni se extiende a esa “posesión” los efectos que la misma tiene para otros ciudadanos. Por tanto, el pupilaje que por un lado se deniega se refuerza implícitamente. Y este desfasaje entre lo dicho y lo hecho parece ser lo que, estando fuertemente sedimentado, permite explicar por qué casi nunca se efectivizaron las diversas normativas que aseguraron la tenencia precaria de tierras a comunidades indígenas bajo la promesa de extenderles títulos de propiedad luego de realizadas ciertas mejoras.

Ese pupilaje implícito ha ido a su vez de la mano de otra tensión. Aun cuando muchos de esos permisos fueron explícitamente extendidos a un cacique ” y su gente” o a un cacique “y su tribu”, lo cual comporta reconocer la dimensión colectiva de su pertenencia, casi nunca se reconoció a las comunidades como personas jurídicas con entidad propia para actuar en juicios. Ello queda fundamentado en un fallo de 1929-anticipado en 1910[2]–emprendido por las comunidades de Cochinoca y Casabindo ahora contra la provincia de Jujuy, donde se argumenta que esas comunidades “no son de existencia necesaria ni de existencia posible, tal como exige el Código Civil (arts. 33 y 34)” (Carrasco et al. 2000: 199). Como vemos, la fortaleza del Código Civil esgrimida por el abogado defensor del juez destituido viene de larga data.

 

IV.              Peronismo

La reforma constitucional de 1949 bien muestra una coyuntura que escenifica tanto  continuidades significativas como diferencias no menores con las etapas

fundacionales. Por lo pronto, se produce un revelador recorte del ahora Artículo 68 Inc. 15 que simplemente estipula que corresponde al Congreso “Proveer a la seguridad de las fronteras”. Pero lo relevante está en la justificación de ese recorte que establece el anteproyecto de reforma: “La modificación de este artículo consiste en eliminar la alusión al trato pacífico con los indios y su conversión al catolicismo, aspecto que hoy resulta anacrónico, por cuanto no se pueden establecer distinciones raciales, ni de ninguna clase, entre los habitantes del país” (DIP 1991: 67).

La continuidad más destacable se vincula sin duda con el concepto de que reconocer ciertas diferencias como legítimas–que es lo que abre el camino al reconocimiento de los derechos diferenciados–constituye un acto de discriminación. No se ven en cambio como discriminatorias las acciones que silencian o invisibilizan las diferencias legítimas. En este sentido, la ciudadanización en tanto nacionalización como meta se mantiene inalterada. Ello queda claramente de manifiesto en la Ley Nacional 14184 sancionada en 1953 que establece la “protección del aborigen” como objetivo general del capítulo I, Organización del Pueblo, del componente Acción Social del Segundo Plan Quinquenal (1953-1957) en los siguientes términos: “La población indígena será protegida por la acción directa del Estado mediante la incorporación progresiva de la misma al ritmo y nivel de vida general de la Nación” (DIP 1991: 109). En consonancia, son prácticamente nulos los fallos de la Corte Suprema que se dan durante los dos primeros gobiernos peronistas.

No obstante, quizás la diferencia más significativa que este período señala respecto del anterior es que lo que cambia es la relación entre la plebs y el populus y por ende el demos de la Nación. Concretamente, para el peronismo esa plebs en tanto “pueblo trabajador” que incluye a los indígenas se pasa a postular como verdadero corazón del populus y del demos. “Integración” deviene por tanto una clave para fundamentar las acciones de gobierno, mayormente ancladas en la extensión de los derechos económico-sociales a los que la plebs en general y los indígenas en particular no tenían acceso.

Estas continuidades y diferencias generan sus propias tensiones. Por un lado, tanto el Estatuto del Peón Rural que vigorizaba la identidad de los indígenas como trabajadores del campo, como el alcance de la nueva biopolítica a través por ejemplo del tren sanitario, de las escuelas rurales, o de la masiva confección de libretas cívicas y de enrolamiento extendió entre integrantes de los pueblos indígenas de muy diferentes regiones del país la idea de que “Perón nos hizo gente”. Pero por otro lado, tanto la reacción presidencial ante el Malón de la Paz que llevó en 1946 al regreso forzoso de los manifestantes a sus respectivas provincias (Lenton 2010), como la matanza a manos de la Gendarmería en Formosa de más de medio millar de Pilagás que regresaban de trabajar en la zafra del Ingenio San Martín del Tabacal en Octubre de 1947, conocida muy recientemente como “la masacre de Rincón Bomba” (Trinchero 2009), muestran que los resortes de distintos aparatos estatales seguían poniendo a los indígenas por fuera de los pactos de la ciudadanía–hecho puesto de manifiesto también porque sólo hace pocos años esa matanza ha tomado estado público y se ha empezado a discutir–no sin controversias–como enmarcada en un persistente terrorismo de estado.

 

V.                 Democracia y políticas de reconocimiento

La constante negación de que parte de la población requiriese marcos normativos específicos integrales comienza a transformarse  a mediados de los años ochenta y, en menos de diez años, produce un viraje esta vez inédito a la luz de períodos previos.

Con el retorno a la democracia de los años ochenta, se producen una serie de confluencias relevantes. Sobre todo, la de movimientos por los derechos humanos fuertes y visibles que progresivamente van permitiendo receptar y enmarcar los reclamos indígenas como expresión de luchas por derechos humanos conculcados. Es en este contexto que se puede retomar un anteproyecto de ley trabajado durante el breve tercer gobierno peronista de los años setenta, a instancias de las demandas de organizaciones indígenas urbanas. Será entonces por iniciativa de un senador de la Unión Cívica Radical, que de joven se vio involucrado en la regulación del marco legal bajo el cual se realizaría el primer Censo Indígena Nacional en los sesentas,  que se logra promulgar en 1985 la Ley Nacional 23302.

Reglamentada en 1989 y sin lograr al día de hoy ser implementada por completo, esta ley se enmarca en el espíritu integracionista de la Convención de Pázcuaro. Esto es, apunta como el indigenismo a la mexicana a ciudadanizar nacionalizando, pero reconoce que, hasta que ello se produzca, hay que apuntar a tomar en cuenta las particularidades de esas poblaciones organizadas en comunidades indígenas para lograr sobre todo elevarlos “al nivel de vida general de la Nación”, mediante la satisfacción de derechos económico-sociales a los que históricamente no tuvieron acceso o tuvieron un acceso deficiente. Con sus particularidades, diversas leyes provinciales de los años ochenta y los noventa apuntarán en esta dirección.

Pero es con la reforma constitucional de 1994 que se produce un cambio de marco relevante, preanunciado en 1992 por la Ley Nacional 24071 que adopta el Convenio 169 de la OIT, el cual sin embargo entra en vigor recién en 2001, luego que el Poder Ejecutivo deposita la firma correspondiente. Ese cambio comporta varias cosas, donde quizás las más destacables pasen por reconocer esas poblaciones como pueblos, y a su diferencia “étnica y cultural” como algo no sólo preexistente sino también inextinguible. En este marco, se reconoce la personería jurídica de las comunidades por tanto tiempo negada, así como la obligación a asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten.[3]

Pero lo cierto es que ambas visiones–la integracionista de la Ley 23302 y la fundada en derechos diferenciados imprescriptibles que reconoce la constitución nacional-coexisten  al día de hoy. Un ejemplo ilustrará con qué consecuencias.

La resolución 4811de 1996 buscaba operacionalizar el reconocimiento de personerías jurídicas–que la ley nacional veía como algo a ser otorgado y que podía prescribir. Buscaba también simplificar supuestamente su tramitación. La fundamentación de esta resolución está plagada de contradicciones que muestran, entre otras cosas, la tendencia a subordinar las pertenencias indígenas a una “identidad nacional” pensada en singular y de manera bastante homogénea.  Escribimos entonces con el Grupo de Estudios en Legislación Indígena un artículo que mostraba esas contradicciones (GELIND 1999).

Al coincidir con su principal redactor en un encuentro sobre el tema, se dio la ocasión para que nuestra lectura de la Resolución 4811 fuese reprochada. Mi interlocutor, abogado y funcionario del Ministerio Social que progresivamente fue simpatizando e involucrándose con la causa indígena, me recriminó la falta de visión política que habríamos demostrado al haber sido tan severos con la redacción y fundamentos de la resolución. “Me sorprende, Claudia, particularmente de vos, ya que muchas comunidades mapuche se beneficiaron de la resolución para sortear los jaqueos del gobierno provincial neuquino”, me recriminó.

Al volver a plantear lo que veíamos como incongruencias entre los marcos vigentes y las formas de caracterizar las pertenencias de los ciudadanos indígenas, la respuesta que obtuve fue que “Te tendrías que imaginar que si no lo planteaba así esa resolución no pasaba”. Justamente el punto que nos interesaba enfatizar, ayer y hoy, pues pone de manifiesto hasta qué punto las incongruencias resultan de sorderas y cegueras persistentes.

En todo caso, varias son las características de este período, pero desde la lógica de los marcos normativos y sus dinámicas de implementación y aplicación resaltaría fundamentalmente dos.

Primero, esa tensión de visiones entre un espíritu integracionista más cercano a la ley y un reconocimiento de derechos diferenciados cercano a la constitución nacional no sólo persiste y atraviesa desfasajes entre los marcos jurídicos federales y provinciales, sino que está en la base de la manera en que se juegan los desacuerdos entre Nación y algunas provincias al menos en el campo de las políticas indigenistas, pero también en los estrados judiciales.

Segundo y pensando comparativamente con períodos anteriores, no cabe duda de que la CSJ ha realizado más intervenciones y fallos que antes. Esto debiera relacionarse con otras dos características del período. Por un lado, diversas iniciativas indígenas-sobre todo en casos de recuperación de tierras–han ido siendo judicializadas, en contextos donde la criminalización y represión de las protestas fue mostrando clímax recurrentes. A modo de ejemplo, el informe del Observatorio de Derechos Humanos de Los Pueblos Indígenas de 2010 indica que, sólo en la provincia de Neuquén, para esa época había más de 200 personas Mapuche procesadas por reclamar por sus derechos, en casi 40 causas abiertas, bajo cargos como Desobediencia a orden judicial; Coacción agravada; Daño, lesiones leves y coacción; Daño; Atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños y amenazas; Entorpecimiento del tránsito; y, sobre todo, Usurpación y resistencia a la autoridad, incluyendo Usurpación de aguas y Usurpación y amenazas (ODHPI 2010). Pero, por otro lado, las propias comunidades y organizaciones empiezan a ver la vía jurídica como instrumento para sus luchas políticas en el plano provincial y en el federal, pero también en el internacional, a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Claro que no todos estos conflictos llegan a la CSJ, y varios de los que han llegado han sido desestimados por la Corte, bajo el argumento de que no corresponden a sus competencias originarias o apeladas.  No he realizado una revisión exhaustiva de esos fallos, pero destacaría uno, tanto por su relevancia en términos de jurisprudencia, como también por mostrar dos de las características que he destacado hasta aquí, esto es, la disputa de competencias entre Nación y ciertas provincias respecto de cómo entender e implementar los derechos indígenas–y por ende sobre la jerarquía de las normas–así como las tensiones entre los criterios que deben primar para identificar sujetos de derecho, si la identificación por el estado o la auto-identificación.

Me refiero a un fallo del 10 de diciembre de 2013 sobre una acción de

inconstitucionalidad, planteada por la Confederación Indígena del Neuquén contra la Provincia del Neuquén, que se refiere al decreto provincial 1184 de 2002 reglamentario de la ley 1800 de 1989, por el cual la provincia adopta la Ley Nacional 23302.

Este conflicto tiene una historia previa que también llegaría a la CSJ, y se inicia al menos en 2006, cuando el gobierno de la provincia de Neuquén presentó una demanda contra el Estado Federal en la que solicitaba la nulidad de los actos administrativos por los que este último otorgó la personería jurídica a 5 comunidades mapuches que habitan en la provincia. Argumentó para ello que el Estado provincial tiene facultades propias excluyentes reservadas constitucionalmente para el reconocimiento de las comunidades indígenas, y que esas facultades eran atribuciones del “poder de policía” de las provincias. Alegó además que el reconocimiento por parte del Estado Federal le había traído perjuicios a la provincia. Según la visión de un informe elaborado por varios organismos de derechos humanos con la que acuerdo plenamente, el contexto más amplio de este tipo de desacuerdos entre Nación y provincias, es que el estado federal por un lado se lamenta de que algunas provincias en particular no acaten, entorpezcan o boicoteen sus iniciativas indigenistas, pero por el otro, y cito ese informe,

“no asume el rol central que le asigna la Constitución Nacional en el artículo 75 inciso 17 como garante de los derechos de los pueblos indígenas, pues no desarrolla los mecanismos de incidencia federal que permitan que estos pueblos puedan ejercer efectivamente sus derechos en todo el territorio de la Nación. Por tal motivo, en la actualidad, el goce de los derechos indígenas está librado a la voluntad discrecional de cada Estado provincial y, en consecuencia, es dispar e inequitativo  (ANDHES, CELS y ODHPI 2010)”.

En todo caso, en el fallo de 2013 ya mencionado, la CSJ establece connotaciones claras para el problemático concepto constitucional de que, en materia indigenista, “las provincias pueden ejercer concurrentemente” las atribuciones del Congreso Nacional. Sostiene al respecto que:

“tanto la Nación como las provincias tienen la competencia suficiente de reglamentación en materia de derechos de los pueblos originarios en sus respectivas jurisdicciones, siempre que ello no implique por parte de los estados provinciales una contradicción o disminución de los estándares establecidos en el orden normativo federal.”

Por lo tanto, se entiende que el decreto impugnado es efectivamente inconstitucional por no adecuarse al “umbral mínimo” establecido en el orden normativa federal en cuanto a:

“la identificación por vía de autoconciencia, en cuanto al asentamiento mínimo de tres familias y en cuanto a la consulta obligatoria al pueblo originario.”

No obstante, si este fallo aún claro y favorable no parece zanjar definitivamente la conflictividad en torno a la denominada “cuestión indígena”, las razones a explorar dependen menos de establecer de una vez y para siempre la semántica de los derechos, que de entender cómo siguen operando sentidos sedimentados sobre las implicancias pragmáticas del federalismo o sobre las pertenencias indígenas y su lugar en el demos, incluso cuando ciertos principios de la formación nacional de alteridad han parecido desestabilizarse.

Por razones de tiempo, seré muy breve en este punto, examinando dos eventos que epitomizan mi argumento. Ambos forman ya parte de un momento en que ciertas características de lo que con Morita Carrasco identificamos como el neoindigenismo subyacente a las iniciativas neoliberales de los años noventa (Briones y Carrasco 2003), venían cediendo ante una redefinición de las pertenencias desde un horizonte “nacional y popular” que, durante poco más que la última década, ha comportado redefiniciones no menores en las políticas indigenistas, así como inéditas particiones en el campo indígena en términos de cómo ponderarlas, sea para expresar fuertes adhesiones o igualmente potentes críticas (Briones 2015).

Me referiré, primero, a los entretelones de la Ley 26160 de 2006 que suspende el desalojo de comunidades indígenas y ordena el relevamiento de sus tierras, retomando algunas connotaciones implícitas o no tanto en los fundamentos dados por los legisladores para sancionar esa ley (Briones 2008 y 2012). Identificaré luego los términos en que, promediando 2012, se entramó la propuesta gubernamental de reforma del Código Civil y Comercial y la oposición a la misma.

V.a. Ley 26160

La Ley 26160 ha sido celebrada y usada por diversas comunidades y organizaciones, entre otras cosas, por ser la primera vez que una ley destina presupuesto efectivo para hacer un relevamiento de las tierras comunitarias, y que compromete al estado a suspender desalojos resultantes de las judicializaciones señaladas. No obstante, lo que me interesa no es tanto detenerme en las complejas y dispares circunstancias de su implementación en distintas provincias, sino en mostrar tensiones en “su espíritu”, en verdad, en el de los legisladores que la promulgaron. Por lo pronto, en su fundamentación se explicita un claro cambio en la forma de pensarla nación, pues allí se confronta la imagen secular de Argentina como “país venido de los barcos”–por tanto homogéneamente europeo, con pocos indios y sin afrodescendientes. En breve, la proponente del proyecto–la entonces senadora Alicia Kirchner, luego y hasta hoy Ministra de Desarrollo Social que es la cartera de la que depende el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas–propone otra imagen del país que ahora reivindica las bases de una “matriz cultural mestiza”, hispano-indígena, lo cual sin embargo no habría impedido que algunas “comunidades aborígenes se alejaran en la resistencia hacia pueblos perdidos”. Para reivindicar precisamente a los descendientes supérstites de esos indígenas alojados en los márgenes del país a fin de resistir la colonización es que se dicta la ley.

Analicé en otra parte (Briones 2008 y 2012) las racializaciones implícitas en esta lectura que no alcanza a desmentir una sedimentada geografía simbólica de la nación renuente a aceptar lo que los censos nacionales indican–esto es, que la mayoría de las personas autoidentificada como indígena vive en las grandes urbes. Lo que me parece relevante señalar aquí es que tampoco esta visión–fervientemente receptada en un debate donde distintas bancadas coinciden en la promulgación por unanimidad de la propuesta–comporta neutralizar sospechas y descalificaciones persistentes. Quiero decir que si, de pronto, los legisladores no desmienten la entusiasta formulación del diputado Bejarano de Formosa, quien no vacila en sostener que “Más del 90 por ciento de los señores diputados aquí presentes seguramente tienen algún antepasado indígena y corre por sus venas un chorro de sangre india” (HCDN versión taquigráfica 1/11/06, mi énfasis), esa súbita conversión conceptual no anula sino que convive tensamente con las sospechas centenarias que pesan sobre el criterio de autoidentificación para dirimir pertenencias. En sentido por tanto contrario a los marcos jurídicos vigentes, esas sospechas siguen llevando a confiar más en proceder a partir de la identificación estatal.

En suma, lo que fue quedando claro en el debate fueron recurrentes temores y prejuicios ante las demandas indígenas por territorio.  Así, aunque muchos países – vecinos y no tanto– han reconocido territorios indígenas y ninguna catástrofe les ha acontecido, los legisladores expresaron repetidos reparos que no condicen con ese cambio trascendental que se postula respecto del lugar de la diferencia étnica y cultural indígena en un demos supuestamente robustecido y ampliado para alojar a los más humildes y los más vulnerables. Hablo de reparos como el de que esas demandas “escondan” ataques foráneos contra la soberanía estatal;[4] permitan el amparo de “vivillos” locales;[5] o vulneren los intereses de terceros, creando “verdaderos enclaves políticos donde no rijan las leyes argentinas”.6 Y menciono esto porque reparos de este tipo son inscriptos de manera también recurrente tanto por algunos técnicos seleccionados por las provincias para realizar el relevamiento, como por algunos jueces que receptan disidencias originadas en la aplicación de la ley. No puedo abundar aquí en ejemplos. Paso a otro ámbito de expresión de desacuerdos y tensiones conceptuales y políticas.

V.b. Reforma del Código Civil y Comercial de la Nación

El 8 de junio de 2012, el Poder Ejecutivo Nacional envió al Senado el Proyecto de Reforma del Código Civil y Comercial según el Decreto 57/12 que reconoce como antecedentes el Decreto 191/11 de la Presidenta de la Nación, por el cual se creara una Comisión integrada por los Dres. Ricardo Lorenzetti, Helena Highton y Aida Kemelmajer, con la misión de elaborar un proyecto de reformas de Código Civil en el plazo de 365 días. Ese proyecto de reforma proponía incorporar  la propiedad comunitaria indígena al texto del Código Civil bajo la forma de un nuevo derecho real (arts. 2028 a 2036). También el reconocimiento de la personería jurídica de las comunidades indígenas como personas de derecho privado (art. 148 inc.h).

La oposición a esa propuesta queda encabezada por el Consejo Plurinacional Indígena, espacio formado después del bicentenario y que incluye varios de los referentes que hablaron a la presidenta en esa ocasión.[6] En agosto de 2012, explicitan los términos de su oposición al proyecto oficial frente al Congreso de la Nación en los siguientes términos:

“la inclusión del título V en el anteproyecto de ley, no se consultó ni siquiera al Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el marco del mismo Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI. Este CPI ha denunciado que no se le brindo el tiempo necesario para el debate y peor aún: Se fraguó un documento que fue presentado a esta Bicameral a nombre de CPI, sin la autorización de sus miembros, incluso de quienes aparecen firmando esa ponencia.”

También porque se habla de Tierra, y no de territorio, lo que comporta “interpretar la relación que los Pueblos tenemos con nuestros Territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural.” Asimismo porque “el borrador relaciona y reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado” y “obliga a que el inmueble tenga como destino la preservación cultural y el hábitat comunitario, no como una forma de reconocer esos conceptos como integrantes de espacios indígenas, sino utilizándolos como limitante del derecho, inmiscuyéndose en la autonomía indígena.”

En similar dirección, la crítica sostiene que, al establecer la calidad de persona jurídica de derecho privado a las Comunidades Indígenas, el borrador “sitúa a las Comunidades Indígenas al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, etc., pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento al carácter de PUEBLOS preexistentes al Estado Nacional”. Otros dos aspectos criticados pasan por que se reconozca como institutos jurídicos a las comunidades pero no a los pueblos, y que tanto el derecho a la consulta como la Propiedad Comunitaria queden encorsetados en un Código Civil, en vez de ser reglamentados en una Ley Especial.”8

El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas (ODHPI), el CELS, la AADI, y el GAJAT también elaboran una fundamentación jurídica de las falencias del proyecto de reforma.[7] A su vez, organismos de derechos humanos (Madres de Plaza de Mayo- Línea Fundadora, Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), APDH Nacional, APDH La Matanza  y el área de relación con los Pueblos Originarios CTA) convocan en agosto de 2012 a una marcha para entregar “un pedido de audiencia con la presidenta Cristina Fernández, para tratar dos temas de suma importancia y de público conocimiento: los cambios en el Código Civil y la situación concreta de la comunidad qom La Primavera”

(ver http://argentina.indymedia.org/news/2012/08/820141.php).

El conflicto se extiende en el tiempo y en 2013, el Consejo Plurinacional Indígena solicita la supresión de los artículos sobre Propiedad Comunitaria Indígena del Proyecto de Reforma al Código Civil y Comercial de la Nación para avanzar hacia una Ley Especial sobre Tierras y Territorios con participación indígena.

Lo que me interesa destacar es que, desde la propuesta de invitar a los indígenas a trabajar para  transformar el estado oligárquico desde adentro y desde un anclaje nacional y popular, el presidente del INAI volvió a cuestionar la demanda de reconocimiento de un estado plurinacional como lo hiciera en un escrito de 2010 (Briones 2015). Además, en el marco del debate por la reforma del código civil, su explicación sobre cómo se debiera entender el derecho a la consulta también empieza a poner límites claros al requisito del consentimiento indígena como causal de un posible bloqueo a las iniciativas estatales.[8]

Obviamente esos topes también empiezan a ser cuestionados por algunos referentes del Consejo Plurinacional Indígena,[9] pero el ENOTPO–Encuentro Nacional de

Organizaciones Territoriales de los Pueblos Originarios como espacio organizacional alineado con el gobierno–decide acompañar la inclusión de la propiedad comunitaria indígena en el Código. A pesar de elevar contrapropuestas para revisar la formulación oficial,[10] el ENOTPO acompaña la iniciativa porque reconoce como positivo “el momento histórico que atraviesa el Estado Argentino, ya que después de 140 años es urgente discutir el Código de Vélez Sarsfield como una herramienta de negación de la diversidad cultural y como la materialización histórica del triunfo de un sistema opresor centrado en el individualismo y la propiedad privada

(http://enotpo.blogspot.com.ar/2012/09/los-pueblos-originarios-acompananla.html).”

Como resultado de este debate, el nuevo código que entrará en vigencia a inicios de 2016 habla poco del tema–por cierto, mucho menos que el proyecto original elaborado por dos ministros de la Corte. Su artículo 18 establece que ” Las comunidades indígenas reconocidas tienen derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano según lo establezca la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.” Una norma transitoria establece que “Los derechos de los pueblos indígenas, en particular la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan y de aquellas otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, serán objeto de una ley especial.”

Esto no deja de ser paradójico si recordamos las palabras del abogado defensor del juez para quien lo que no está en el código civil no existe. En todo caso, me interesaba resumir las conflictividades escenificadas en el proceso de debate del Código, para transmitir algunas de las dinámicas pragmáticas concretas que inciden en la codificación del Derecho–dinámicas de las que luego se tiende a descontextualizar la semántica del Derecho.  En todo caso, ¿qué podríamos aprender de todo esto de cara al futuro?

 

VI.              A futuro

Según Corrigan y Sayer (1985), los estados nunca paran de hablar y, por cierto, las leyes son parte medular de uno de sus géneros discursivos destacados. Discursos como el del Derecho tienden siempre a individualizar tipificando quién/es tiene/n razón y quién/es están en falta cuando hay infracciones y delitos, pero también tienden a totalizar cuando hablan de derechos. No obstante, su habla tiende también a ser selectiva, esto es, construye alocutarios o destinatarios ideales que no incluyen en los hechos a todos los sujetos posibles, a la heterogeneidad existente, o que subsumen las particularidades de algunos–como su pertenencia sociocultural–en una categoría que supuestamente no se define socioculturalmente en las formas pero sí en los contenidos.  Posiblemente los crucifijos que presiden diversos estrados pasen inadvertidos como diacrítico de pertenencia a quienes se ubican en una mayoría católica practicante o laica pero de tradición católica, pero no pase tan desapercibido  para quienes profesan otras religiones.

En este marco, si la semántica del Derecho no visibiliza estas asimetrías, su pragmática suele ponerlas en claro acto, la mayor parte del tiempo inadvertidamente aunque en ocasiones no tanto. Dejar entrar en jeans o en traje al público que asistió al juicio político–pero no con trari logkos, ponchos, banderas e instrumentos–pone acentos literales sobre una diferencia que sólo opera como tal cuando se desmarca y generaliza lo que opera como norma.

Cuando se sabe o se está dispuesto a buscar, algunas de estas oclusiones ya se hacen visibles en el discurso mismo del derecho, pero las más persistentes suelen vincularse a la forma en que se legisla, se ejecuta y se juzga la correcta aplicación de la ley. Y lo que traté de ejemplificar con los debates que llevaron a la aprobación de la Ley 26160 es que pueden primar sentidos sedimentados descalificatorios que operan en una dirección, aunque se busque que la normativa adquiera una orientación reparatoria.

Es por ello que considero que sopesar las correlaciones entre las normativas–entre cómo están legisladas, son ejecutadas en políticas y se juzga su acatamiento–y las formaciones de alteridad nacionales y provinciales, tanto como explorar los efectos de esas correlaciones en diferentes momentos históricos bien ameritaría programas colectivos de de investigación que nos dirían mucho de la historia del derecho y a su través de diversos procesos de construcción de estado y de nación.

En todo caso, mi interesada historización ha tratado de poner en evidencia que, en las últimas décadas, el discurso del Derecho en Argentina habla mucho más–y mucho más explícitamente–de la diversidad cultural de lo que lo hacía en etapas previas. Pero también ha tratado de poner en evidencia otra cosa. Concretamente, los diversos modos en que el lenguaje legal y político puede silenciar o achatar los reclamos de reconocimiento, en este caso de los derechos indígenas. Advierto aquí tres modos que aparejan dinámicas y consecuencias diferenciadas y su enunciación será mi argumento de cierre.

Uno de esos modos pasa por no cumplir con lo legislado. El hecho de que, en Argentina, los integrantes de los pueblos indígenas se cuenten entre quienes presentan los mayores índices de necesidades básicas insatisfechas muestra que la promesa realizada desde las etapas fundacionales del estado-nación de ser considerados ciudadanos plenos ha quedado incumplida o cumplida muy parcialmente. En épocas posteriores de reconocimiento que mandatan al congreso garantizarles la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, tendríamos que decir que esa promesa sigue también incumplida para la mayoría de las comunidades. Las causales de estos incumplimientos exceden el campo del derecho pero lo involucran activamente.

Otra modalidad del desfasaje entre los lenguajes y las prácticas legales y políticas pasa por permanecer en silencio, por no hablar de ciertos temas. Y vemos aquí que ese “no hablar” puede implicar la negación del derecho de los diferentes, como acontecía en las etapas fundacionales, o responder a una pulseada no zanjada aún o que no se quiere realizar, como lo muestra la forma en que el proceso de reforma del código civil y comercial acabó suprimiendo la discusión sobre la consideración de las comunidades como personas jurídicas públicas o privadas.

Por último, y como arena no menor respecto de la cual legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo y operadores jurídicos deberían estar tan alertas como la misma ciudadanía indígena y no indígena, existe otra forma tan problemática como las anteriores de desfasaje. La misma pasaría por que el discurso del Derecho subyugue o desvirtúe los sentidos y/o prácticas sociales que dice representar, habilitar o proteger. A modo de ejemplo, recuerdo una vez en que una referente mapuche decía “si esto va a ser lo que entienden por interculturalidad, mejor que lo saquen de la constitución”.

Estas dinámicas y sus consecuencias conspiran contra la posibilidad de sentirnos satisfechos con los acuerdos de convivencia logrados y con los lenguajes contenciosos habilitados para resolver los conflictos dentro de parámetros consensuados. Por eso veo su estudio tan relevante para la historia y la práctica del derecho.

Hasta aquí, entonces, lo que como antropóloga puedo y quiero ofrecer como lectura

posible de una perspectiva historico-jurídica de la diversidad cultural.

Referencias

Alonso, Ana María. 1994. The Politics of Space, Time and Substance: State Formation, Nationalism, and Ethnicity. Annual Review of Anthropology 23: 379-405.

ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y

Estudios Sociales), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y ODHPI (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas). 2010. Evaluación alternativa sobre el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial en Argentina en el marco del Informe Periódico consolidado (19 y 20) ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD). 76º Período de Sesiones (15 de Febrero al 12 de Marzo).

Barros, Sebastián. 2009. « Salir del fondo del escenario social. Sobre la heterogeneidad y la especificidad el populismo ». Pensamento Plural 2(4): 11-34

_____________ 2013.  « Pensar la diferencia. Carencia y política en Pierre Clastres ».

Iconos, Revista de Ciencias Sociales, Quito, 47: 121–133

Briones, Claudia. 2008. “La Nación Argentina de cien en cien: de criollos a blancos y de blancos a mestizos.” En Nación y diversidad. Territorios, identidades y federalismo. José Nun y Alejandro Grimson (comps.) Coleccion Ensayo. Buenos Aires: Ed. EDHASA y Secretaria de Cultura de la Nacion. pp.: 35-62.

___________2012. “Os Direitos Territoriais dos Povos Indígenas na Argentina. Um balanço dos reconhecimentos e das políticas”. En Constituções Nacionais e Povos Indígenas. A. Ramos (org.). Belo Horizonte: Editora Universidade Federal de Minas Gerais. pp. 158-204.

___________2015. Políticas indigenistas en Argentina: entre la hegemonía neoliberal de los años noventa y la “nacional y popular” de la última década. Antípodas, Universidad de los Andes, Colombia, 21: 21-48.

Briones, Claudia y Morita Carrasco. 2003. “Neoindigenismo Estatal y Producciones Indígenas en Argentina (1985-1999).” Anuario Antropológico/2000-2001: 147-167. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro.

Briones, Claudia y Walter Delrio. 2002. “Patria sí, Colonias también. Estrategias diferenciales de radicación de indígenas en Pampa y Patagonia (1885-1900).” En: Fronteras, ciudades y estados, Tomo I.  A. Teruel, M. Lacarrieu y O. Jerez (Comps.) Córdoba: Alción Editora. Pp.: 45-78.

Carrasco, Morita; Pablo Ceriani y Juana Kweitel. 2000. “Reseña de los fallos de la Corte Suprema sobre los Pueblos Indígenas”. En Los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. M. Carrasco. Buenos Aires: Vinciguerra-IWGIA. pp.: 191-257.

Corrigan, Philipe y D. Sayer. 1985. The Great Arch. English State Formation as Cultural Revolution. Oxford, GB: Basil Blackwell.

Dandler, Jorge. 1994 Hacia un Orden Jurídico de la Diversidad. Crítica Jurídica, Revista Latinoamericana de Política, Filosofía y Derecho, UNAM. 14: 33-42.

DIP. 1991. Tratamiento de la Cuestión Indígena. Estudios e Investigaciones 2. Bs.As.: Dirección de Información Parlamentaria del Congreso de la Nación.

GELIND (Grupo de Estudios en Legislación Indígena: Claudia Briones, Morita Carrasco, Diego Escolar, Axel Lazzari, Diana Lenton, Juan Manuel Obarrio, Sandra Siffredi.). 1999. Etnografía del discurso jurídico sobre lo indígena. La resolución 4811/96 desde la pragmática. Publicar en Antropología y Ciencias Sociales, VII(8): 51-68.

HCDN (Honorable Cámara de Diputados de la Nación). 2004. Versión Taquigráfica

(provisional) de la 36a. Reunión – 26a. Sesión ORDINARIA (Continuación) del

01/11/2006. Debate sobre el proyecto EMERGENCIA EN MATERIA DE POSESIÓN Y

PROPIEDAD DE LAS TIERRAS QUE OCUPAN COMUNIDADES INDÍGENAS

ORIGINARIAS DEL PAÍS. Orden del día N° 1.301. (Disponible en http://www1.hcdn.gov.ar/sesionesxml/reunion.asp?p=124&r=36, bajado el 13 de marzo de 2007).

HSN (Honorable Senado de la Nación). 2006. Versión Taquigráfica (provisional) de la 19/ Reunión – 17/ Sesión ordinaria del 16 de agosto de 2006. pp. 9-43. (Disponible en http://www.senado.gov.ar/web/taqui/cuerpo1.php?Page=2&iPageSize= 10&cOrden=0&cSentido=DESC&anio=&operador=&pal1=&pal2=, bajado el 13 de marzo de 2007).

Laclau, Ernesto. 2005. La razón populista. Buenos Aires; Fondo de Cultura Económica.

Lenton, Diana. 2010. “The Malón de la Paz of 1946. Indigenous Descamisados at the Dawn of Peronism.” En The New Cultural History of Peronism. Power and Identity in Mid-Twentieth-Century Argentina. Mathew Karush and Oscar Chamosa (eds.). US: Duke University Press. pp. 85-109.

ODHPI. 2010. Informe de situación de los Derechos Humanos del Pueblo Mapuce en la Provincia del Neuquén. 2009-2010. Neuquén: ODHPI.

Trinchero, Hugo. 2009. Las masacres del olvido. Napalpí y Rincón Bomba en la genealogía del genocidio y el racismo de estado en la Argentina, RUNA 30(1):

[1] Para una definición y discusión de diversas alternativas en las formas de vincular populus, demos y plebs ver Barros (2009 y 2013) y Laclau (2005).

[2] Provincia de Buenos Aires c/ Ferrari, Oscar y otros. Riveri Luciano por la Provincia de Buenos Aires c/ Ferrari Oscar y otros. Guari, Lorenzo c/ Provincia de Jujuy. T. 113, P. 204. Disponible en http://www.csjn.gov.ar/jurisp/jsp/MostrarSumario?id=375584&indice=0.

[3] Dice el Artículo 75 inciso 17 que corresponde al Congreso de la Nación Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones.

[4] Decía la Senadora Escudero de Salta: “En la norma pareciera que el INAI trabajará con las provincias, pero también con las ONG’s y con las universidades. En ese sentido, quiero llamar un poco la atención acerca de algunas ONG’s, porque lo que hay que dejar muy en claro en este debate –para la interpretación correcta de la norma–, es qué se entiende por “cuestión indígena” […] Y quiero llamar la atención respecto de algunas organizaciones no gubernamentales que están trabajando en esta cuestión, especialmente en zonas de frontera. Al parecer, quieren apropiarse de una parte del territorio argentino […] En ese sentido, tiene que quedar absolutamente en claro que este Congreso sancionará una ley para los argentinos, considerando, admitiendo y reconociendo la participación igualitaria de los pueblos argentinos que tienen un lugar en el territorio nacional; pero de ningún modo permitiremos que se ponga en riesgo la soberanía de nuestro país (HSN Versión taquigráfica 16/08/06: 21/22, mi énfasis)”.

[5] Puntualizaba el Senador Morales de Jujuy por la UCR que la ley debe estar orientada a las comunidades indígenas y no a “cualquier argentino que se ponga una pluma en la cabeza y se diga representante de comunidades indígenas, como hay muchos y abundan por todos lados (HSN versión taquigráfica 16/08/06: 35, mi énfasis).” 6  Decía la Diputada Comelli de Neuquén “…este proyecto, sigo creyendo que está destinado a generar más problemas que soluciones y que va a afectar seriamente los intereses de la Nación […] Creo que en el país hay lugar para todos pero tal vez no para los que con un barniz de resistencia o protesta social persiguen en realidad la creación de verdaderos enclaves políticos donde no rijan las leyes argentinas. Esto lo hemos vivido y sufrido muchas veces, sobre todo en la provincia a través de la palabra y acción violenta de sectores que se dan en llamar “pueblo mapuche en reivindicación de un territorio”, ni siquiera de las tierras […] Tampoco existe una definición clara respecto de las tierras que tradicionalmente ocupan. Como en todo régimen de emergencia, la interpretación de los alcances debe ser restrictiva y acotada para lesionar lo menos posible los derechos constitucionales de terceros (HCDN versión taquigráfica 1/11/06, mi énfasis).”

[6] Ver integrantes y términos de la disidencia en el comunicado de mayo de 2012, donde se expresa la preocupación por el proyecto de reforma del Código Civil Argentino, disponible en http://www.8300.com.ar/2012/05/07/alerta-del-consejo-plurinacional-indigena-por-la-reforma-del-codigocivil/. 8

Documento completo disponible en http://prensadelpueblo.blogspot.com.ar/2012/08/consejoplurinacional-indigena-presento.html.

[7] Disponible en http://odhpi.org/wp-content/uploads/2012/08/Documento-a-la-Bicameral.pdf.

[8] Concretamente, en una entrevista que le realiza la Coordinadora de Comunicación Audiovisual Indígena en octubre de 2012, el Presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas explica: “el INAI entiende que debemos avanzar una vez sancionado el código en una ley de consulta y participación indígena. El tema del consentimiento es otra cuestión que es necesario debatir, porque el consentimiento implica que si no hay aprobación no se puede hacer, es un bloqueo permanente a la actividad del estado. Nosotros estamos de acuerdo en la consulta previa a las comunidades. El consentimiento se está debatiendo en Latinoamérica. Tanto los gobiernos de Evo Morales y Rafael Correa están planteando que esto, como es promovido desde la ONU, puede transformarse en un bloqueo permanente a las actividades de los gobiernos. Entonces me parece que la forma de solucionarlo es con una nueva ley, que tome el derecho a la consulta previa y la participación indígena estableciendo niveles y temas. No todos los temas tienen la misma importancia estratégica ni todas las decisiones pueden pasar por una comunidad o por el nivel nacional; depende qué tema y que decisión (…) se pide la consulta, pero si no se resuelve en un plazo medianamente razonable, entramos en una especie de bloqueo (disponible en http://argentina.indymedia.org/news/2012/10/822176.php).”

[9] Argentina Quiroga sostiene en una entrevista hecha por Darío Aranda en diciembre de 2012 “…la política del Gobierno (…) el famoso modelo nacional y popular. Todas las políticas implementadas por este Gobierno para los pueblos indígenas son una continuidad del neoliberalismo de la década pasada, han cambiado de caras, pero sigue mandando un poder que atenta contra la vida indígena. Y el nuevo Código Civil viene a reafirmar este poder, es anticonstitucional y avasalla derechos adquiridos y logrados por tantos años de lucha (…) El proyecto no nos reconoce como pueblos, solo como comunidades. No reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, algo que incluso está explícito en la Constitución Nacional.” Ver Entrevista de Darío Aranda a Paz Argentina Quiroga y Jorge Nahuel, “Quieren ser blanquitos y europeos”, de diciembre de 2012. Disponible en http://www.plazademayo.com/2012/12/quieren-ser-blanquitos-y-europeos/.

[10] Documento disponible en file:///E:/BIBLIOTECAELECTRONICA/ORIGINARIOS/Propuestas-del-enotpocodigo-civil.pdf

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